El otro día el señor vicepresidente y superministro Pérez Rubalcaba, mientras asumía frente a un micrófono encendido los pésimos resultados que arrojan las estadísticas de nivel formativo del alumnado español, y dados los muchísimos conflictos que a diario se plantean en colegios, institutos y universidades, planteó una idea de alto voltaje: sobre la marcha propuso como posible medida de mejora la implantación de cursos especiales para los nuevos profesores que vayan accediendo al ámbito laboral de la enseñanza. Algo así como el MIR para los médicos, especificó enarcando las cejas y achicando esos ojillos escrutadores de demiurgo que cree controlarlo todo.
Este planteamiento, por bienintencionado que parezca con su tono comedido, despide un tufillo a veneno en tanto que señala y focaliza el meollo de la problemática en la figura del docente, como si no hubiera otros factores mucho más determinantes para explicar el cataclismo del sistema educativo. Pérez Rubalcaba debiera saber de sobra, puesto que le cupo el honor de detentar el cargo de ministro de Educación en el curso 1992-1993, que en el fondo la clave del fracaso que nos ha llevado a los peores promedios de la Unión Europea es la empanada demagógica e hipócrita con que se ha hecho y rehecho una ley poco realista -bonita sobre el papel, eso sí-, desbordada por las contradicciones más dañinas de la realidad social. Debiera saber también que sin una generosa inversión presupuestaria no hay resultados positivos. Podríamos seguir el modelo de los países nórdicos, donde se destina gran parte de los dineros públicos al mantenimiento de un sistema educativo bien pensado, bien dirigido y bien desarrollado por todas las partes, empezando por el aparato administrativo-político. Ahí no vale la cicatería. La calidad cuesta lo suyo. Claro que cuesta. Por ejemplo, con dinero se reduce el número de alumnos por aula, una de las condiciones elementales que por sí solas definen la eficacia de una política educativa mínimamente seria (nada que ver con lo que ha ocurrido en tiempos de vacas gordas, desaprovechados en este sentido; menos aún ahora que pintan bastos). La ley de educación, tal como nos ha ido cayendo encima con todo el peso de su ineficiencia, hoy por hoy, en pleno imperio de Belén Esteban, José Mourinho y Pepe Benavente -adalides de la utopía neocon-, no sirve para nada sin un sólido respaldo económico, justo al contrario de lo que realmente sucede (miren el caso del Gobierno de Canarias: puesto que hay que ahorrar, se empieza cerrando el grifo en el área de educación, faltaría más, pero mientras tanto se mantienen los costosos engendros de la radiotelevisión autonómica y el proyecto Septenio, ese laberinto de maniobras opacas de promoción cultural dentro y fuera de Canarias).
Pérez Rubalcaba, casi sin querer, quizá haya dado en el clavo. Su propuesta es inspiradora. No estaría mal, ni mucho menos, que cada hijo de vecino, y no sólo cada nuevo profesor, pasara un período de formación específica antes de empezar en el curro, cualquiera que sea. Y, puestos a lanzar propuestas de mejora, podríamos sugerir a los egregios componentes de la clase política, desde concejales a presidentes de gobierno, que sean los primeros en someterse a un curso de adecuación, un control previo de calidad, una revisión preventiva, una preevaluación y una puesta a punto para poner a cada cual en su sitio antes de enfundarse unos calzones demasiado anchos. Echemos un vistazo a nuestro alrededor: ¿están preparados como debieran todos los cargos electos para desempeñar las funciones que se les atribuyen sin ninguna sombra de duda? ¿Por qué, antes que a nadie, no se les hace pasar a todos ellos por el pasapuré del MIR de Rubalcaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?