Entre 1936 y 1939, España sufrió una Guerra Civil que costó la vida a alrededor de quinientas mil personas. La contienda fue cruel porque, de esta cifra, un terció no cayó en los campos de batalla sino que pereció a causa de la represión desencadenada en las retaguardias de los bandos combatientes -franquista y republicano-. Esta violencia se prolongó durante la Postguerra, debido a que la dictadura militar que instauraron los vencedores fusiló, entre 1939 y 1945, a cincuenta mil presos republicanos.
Al final, de las más de doscientas mil vidas inmoladas en la hoguera de la represión, cerca de sesenta mil correspondían a españoles partidarios del general Francisco Franco y ciento cincuenta mil pertenecían a españoles afines a la República.
Las víctimas ocasionadas por la represión perpetrada en la zona republicana fueron localizadas en la década de 1940 y sepultadas de nuevo conforme a sus creencias. Su memoria fue homenajeada y sus deudos atendidos económicamente. Hoy, la gran mayoría figura registrada en la sección de fondos contemporáneos del Archivo Histórico Nacional, donde se encuentra la documentación recabada en la llamada Causa General, una exhaustiva investigación, instruida por el gobierno del general Francisco Franco, recién terminada la Guerra Civil. Como dice el historiador Julián Casanova, uno de los mayores expertos sobre la contienda, de las víctimas de la represión republicana
lo conocemos prácticamente todo. Sus nombres, dónde murieron, dónde están, cómo fueron recompensados. En cuanto terminó la guerra, se exhumaron todas las fosas y se les dio un enterramiento digno. El 80% de los puestos de republicanos depurados se reservó a ex combatientes, ex cautivos y familiares de víctimas. Puede haber algún desaparecido en la zona republicana, pero ninguno sin registrar, como ocurre con tantas víctimas del otro bando (El País, 26 de septiembre de 2008).
En cuanto a la represión ejecutada en el bando dirigido por el general Francisco Franco, una de las ONGs de defensa de los derechos humanos más prestigiosa, Amnistía Internacional, la calificó de crimen contra la humanidad (AI: España, poner fin al silencio y a la injusticia, 18 de julio de 2005). Dejando de lado una terminología sujeta a discusión, es incuestionable que ciento cincuenta mil personas sacrificadas resulta una cantidad enorme que estremece medir en términos de sufrimiento humano. Sin embargo, pese a padecer el mismo terrible fin, ni la memoria de las víctimas republicanas, ni sus familias, han alcanzado del estado un reconocimiento equiparable al que recibieron sus compatriotas del lado franquista.
En esta carencia de equidad se sitúa el origen de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que han proliferado en España desde finales de la década de 1990.
Las demandas de estas agrupaciones cuentan con el apoyo de un amplio sector de la opinión pública. En primer lugar, por solidaridad. Sentimiento que cualifica y capacita al ser humano por contener la virtud de la generosidad y por contribuir a la supervivencia de nuestra especie, al cohesionar a los grupos de hombres que han deambulado por la superficie del planeta, a lo largo de miles años. Una de las variantes más elevadas de la solidaridad es la preocupación por los que sufren. Desde el presente, no podemos cambiar los dramas que vivieron miles de personas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Pero sí podemos reconfortar a los descendientes de las víctimas, dignificando a quienes padecieron la crueldad humana y ayudándoles a enterrar a sus seres queridos como obligan nuestras tradiciones.
La segunda razón para respaldar estas agrupaciones estriba en la creencia de que los pueblos necesitan su memoria. Pasado y futuro no son incompatibles, al contrario. Igual que la experiencia es esencial en la vida de una persona a la hora de tomar decisiones, la historia constituye un bagaje imprescindible para que los pueblos escojan su camino. Nadie tiene derecho a decirle a una colectividad lo que puede o no puede saber. No se debe mutilar el conocimiento del pasado argumentado que es pasado, puesto que, comprender ese tiempo pretérito, lo que llamamos la memoria histórica, es vital para que los ciudadanos de un país reflexionen y acuerden su futuro. Como dice Carlos Piera en la introducción a la novela Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez: "superar exige asumir, no pasar página o echar en el olvido".
El tercer motivo es de equidad, de justicia. La Democracia es un Gobierno para todo el pueblo y, desde esa perspectiva, muchos españoles entienden que el estado democrático debe conceder a los castigados del bando derrotado, los mismos reconocimientos que una Dictadura dio a los castigados del bando vencedor.
Las asociaciones de la memoria histórica tropiezan con dos obstáculos que dificultan la consecución de sus objetivos: uno de matiz político y otro económico.
En primer lugar, los sociólogos, los politólogos y los propios políticos son conocedores de que un porcentaje amplio de los españoles tiene en cuenta lo ocurrido durante la Guerra Civil y la Dictadura del general Francisco Franco a la hora de emitir su voto. No es la consideración que más pesa, pero las encuestas confirman que muchos electores lo tienen presente al decantarse en las urnas por una opción política. Esta mirada a la historia reciente de nuestro País, en periodos electorales, perjudica a la Derecha, debido a la carencia de libertades y a la dura represión que marcaron aquellos años. Por esa razón, a los partidos de derecha les asalta un instinto defensivo que les lleva a procurar enterrar el tema, sin darse cuenta de que esa actitud perpetúa, a ojos de los españoles, su vínculo con los gobernantes de aquella época y, por tanto, les señala como sus legatarios.
En segundo lugar, se arguye que no hay dinero. Nuestra actual generación de políticos sitúa a un lado de la balanza la cuestión económica y al otro lado la sensibilidad hacia los que sufren. En nuestro Archipiélago, fueron cientos los ejecutados clandestinamente y sin juicio previo; miles los encarcelados; y decenas de miles los familiares que sufrieron estas ausencias. Tener gobernantes incapaces de identificarse con el dolor del prójimo, escudándose en los problemas de la tesorería, debería ser, al menos, preocupante para los ciudadanos gobernados. Pero, ser cicatero con el dolor, no solo muestra insensibilidad, también, podría evidenciar falta de perspectiva de estado. El pueblo español merecería contar con la oportunidad de recordar con la herida cicatrizada por el bálsamo de la justicia, sin que la aflicción proveniente del pasado sea un lastre que condicione la reflexión sobre el futuro. Así lo expresan las palabras de Mariluz Escribano, al evocar la muerte de Agustín, su padre, maestro asesinado en las tapias del cementerio San José de Granada, el 12 de septiembre de 1936:
La herida de tu muerte permanece, duerme conmigo, al fin y se despierta en el albor de las mañanas. Que digan lo que quieran los que quieren ceniza sobre el tiempo, borrar un genocidio, historia terminada, borrón y cuenta nueva. Pero yo lo repito: no se ha cerrado nada, ninguna llaga abierta, mientras sigan rodando los huesos de los hombres, mendigos de una casa, lejos, en tumbas descomunales, desprovistos de afectos y cipreses (Mariluz Escribano Pueo: "Al alba", Ideal, 11 de septiembre, 2008).
La mayor parte los historiadores que han analizado este periodo de la historia de nuestro país coinciden en que los gobernantes del bando franquista blandieron de forma masiva una violencia extrema para atenazar a la población opuesta a sus valores y abocarla a la resignación. Si, setenta años después, no se rehabilitase a todas las víctimas de la Guerra Civil, si se mantuviese esta discriminación, los descendientes de los inmolados y la sociedad tendrían derecho a recelar que se pretende prorrogar el trauma. Generación tras generación, la extrema dureza de un castigo prolongado más allá de la muerte quedaría fijada al subconsciente colectivo. Sería como alargar la estrategia represiva del general Francisco Franco después del fin de su Dictadura. Tanto para escarmentar como para advertir.