Con el hecho histórico de la aprobación de la actual ley de Espacios Naturales para Canarias, allá por el año 1994, se abrió una puerta de esperanza para salvaguardar nuestros ecosistemas. En ese momento, este gesto representaba un total de 145 espacios naturales, algo más de 300.000 hectáreas "protegidas", que se repartían entre todas las categorías de amparo (Parques Naturales, Parques Rurales, Reservas Naturales Integrales y Especiales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Sitios de Interés Científico). Esta ley nació con muy buenas intenciones y grandes expectativas, pero desde entonces la mayoría de estos espacios han vagado por el mundo de la incomprensión social y el olvido administrativo. Realmente la sociedad sabe que existen pero poco más. Bueno, sí: que molestan en el desarrollismo.
¿Pero por qué no se soluciona esto? Los políticos son los que tienen el poder de decidir y cambiar esta situación, pero siempre que actúan lo hacen en base al interés económico y social que marca la estrategia de su partido y al impacto de sus decisiones sobre las preferencias sociales de tipo cultural e histórico que puedan tener sus electores. Lo más normal y prioritario: asfalto y cemento. Basándonos en estos dos elementos de presión sobre quienes tienen la capacidad de decisión, coincidiremos en que estamos perdidos por lo difícil, por no decir imposible, que es romper esta dinámica.
Es obvio que en todas estas medidas sobre el medio ambiente los científicos y técnicos, pese a que no nos quieren oír, tenemos voz aunque lamentablemente no voto. Muchas veces, con el agravante de que somos empleados del poder político y nuestros recursos dependen de estos que siempre que pueden, casi sin proponérselo y por puro desconocimiento, nos ponen delante de una disyuntiva (cuando no mordaza), surgiendo el eterno dilema: doy un paso al frente o miro para otro lado, denuncia o silencio…
Conocer el inventario de nuestro patrimonio natural es una tarea exigible e inmediata; conocer la de los espacios protegidos es un deber inexcusable y fundamental, que en nuestras islas no se puede demorar más. Por eso, toda administración diligente debería fomentar la tarea de hacer inventarios de los patrimonios heredados. De no hacerlo habrá que pensar que no se quieren asumir responsabilidades o que se están cubriendo las espaldas para futuros pelotazos. Algo a lo que tristemente nos estamos acostumbrando y sin desearlo nos viene a dar la razón.
Asimismo, un paraje como unidad de conservación debe contar con periódicas revisiones hechas por especialistas que garanticen la salud del espacio. De no ser así, estarán faltando a su principal objetivo. Después no se enfaden cuando se les espete que en realidad dicho objetivo estaba constituido por otros más ilegítimos como la explotación turística o la simple propaganda política de imagen conservacionista. Además, ¿cómo sabremos dentro de unos años que un espacio natural no ha perdido parte de su riqueza biológica? ¿Cómo sabremos si se ha realizado una buena labor conservacionista?
Por todo esto creo indispensable la figura del Director-Conservador. Ha de ser una persona experta, con criterio, avalada por proyectos, memorias y curriculum. Que coordine la gestión integral del espacio protegido haciendo ver a sus vecinos que las restricciones -por la necesaria protección del medio natural- son por el bien general y que ayuden a entender que es una ineludible apuesta de futuro en la que todos los afectados tendrán una contrapartida económica.
La Palma necesita al menos dos profesionales con este marcado perfil: uno para el Parque Natural Cumbre Vieja y otro para el Parque Natural las Nieves. Han de ser libres para gestionar de verdad estos espacios, no como figuras meramente decorativas, y no pueden dar la desagradable impresión de estar amordazadas por la sumisión al partido que los ha designado a dedo, algo tan frecuente en estos tiempos que corren.
Mucho están tardando en nombrarlos. Es una medida obligatoria en tanto que necesaria.