Alonso Pérez Díaz llegaría al Parlamento español con cincuenta y cinco años de edad, en plena madurez cargada de experiencia; bregado en las lides de la vida pública de su isla natal y avalado por más de un cuarto de siglo de lucha política a favor de la causa republicana; en tiempos nada fáciles para la misma en los que, una veces como agente directo y otras en un destacado segundo plano, su acción se dejaría sentir significativamente. Ésta había sido una etapa, sobre todo, de auténtica preparación y rodaje, que, evidentemente, le permitiría afrontar, sin mayores dificultades ni improvisaciones, la coyuntura de la Segunda República como diputado. Así, pues, su trayectoria previa como abogado y como defensor de los intereses de la patria chica le había proporcionado suficiente rodaje en el foro insular. Desde un primer momento la prensa palmera se hizo eco de sus "oraciones arrebatadoras" como servidor público y de sus "brillantes y razonadísimas defensas" como letrado. Con estos antecedentes, acreditada actividad pública al margen del sistema de la Restauración canovista, materializada -como ya hemos referido- en mítines, manifestaciones reivindicativas o reuniones oficiales, así como una sólida formación y una amplia base cultural, D. Alonso pudo superar con holgura y gran acierto su falta de práctica parlamentaria, encajando enseguida en una institución a la que accedía por primera vez.
La prensa de derechas, tanto en La Palma como en Madrid, cuestionó siempre, descalificándola sin reparos, la capacidad oratoria de D. Alonso. Según el periódico católico Acción Social (30/10/1933) a su paisano "le faltaba el conocimiento claro, íntimo, instantáneo de la idea que quería exponer, dejando entrever su poca preparación", sin embargo, para el también diario insular El Tiempo, órgano de prensa de los republicanos de La Palma, la mejor elocuencia de su líder era la eficaz actuación de éste en pro de los intereses de la Isla. Tal confrontación era, en definitiva, una muestra más del debate sostenido por una prensa partidista que atendía, claro está, a diferentes intereses ideológicos. Contaron las Cortes de la Segunda República con intelectuales de fuste y grandes oradores. Algunos testimonios, procedentes del propio quehacer parlamentario, ayudan a aquilatar las dotes oratorias de nuestro biografiado y el carácter que éste imprimió a sus intervenciones en la Cámara republicana. El presidente de esta última, Julián Besteiro, se referiría al apasionamiento del diputado canario, del que daría bastante muestras. Por su parte, el diputado radical socialista por Cáceres Antonio de la Villa, en diciembre de 1931, lo llegaría a catalogar, con el calificativo de espartano, de admirable defensor de los intereses de Canarias en el Congreso. En pleno debate del dictamen sobre el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública, en junio de 1934, era el tradicionalista Romualdo Toledo Robles, diputado por Madrid, quien, contestando a D. Alonso por alusiones en relación al problema del laicismo y la enseñanza religiosa en la escuela, afirmaba claramente: "Quiero decir, simplemente, al Sr. Pérez Díaz que yo he descubierto un furibundo orador fogoso donde había encontrado exclusivamente en la Subcomisión un hombre afable y cariñoso…" (1). Con todo, una prueba contundente de las cualidades oratorias de Alonso Pérez Díaz nos la da el testimonio del periodista y escritor palmero Felipe Lorenzo, "que no comulgaba con el credo político" del líder republicano pero que acabaría compartiendo prisión con él, al comentar el discurso pronunciado por D. Alonso en un acto de homenaje que, hacia finales de 1933, se le brindó en Tazacorte. El juicio certero de Felipe Lorenzo al respecto, testigo presencial y partícipe en el citado acto, resulta bastante esclarecedor por cuanto viene a describir, objetiva y rigurosamente, el carácter esencial de las intervenciones públicas del máximo dirigente de los republicanos de La Palma:
"…El discurso de don Alonso Pérez Díaz fue impecable en el concepto y en la forma. Era un orador en todo lo que la palabra comporta de lleno, nacido y hecho para la juridicidad, puesto que atendía más al razonamiento que al estilo. Su voz y su entonación resultaban siempre adecuadas. Ponía tanto entusiasmo en sus alegatos que obligaba a creer que era un convencido de lo que decía. Fue un improvisador. Su gran cultura no le permitió nunca preparar los discursos. Hablaba como empujado por tantas cosas que sabía y no le cabían dentro." (2)
De las intervenciones de Pérez Díaz en el Congreso de los Diputados sobresalen aquellas relacionadas con el área de Instrucción Pública; asunto en el que -según sus propias palabras- no se podía transigir en España; por lo que había que evitar cualquier merma de "las consignaciones necesarias para el desarrollo de la cultura nacional". Pérez Díaz conectaría con los pasos reformadores del sistema educativo que, desde finales del siglo XIX, comenzaron a dar los artífices de la Institución Libre de Enseñanza; de ahí su oposición laica al dogmatismo que encerraba la antigua escuela, dominada por una fuerte influencia religiosa. Su participación en los debates sobre los presupuestos del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes fue siempre bastante significativa; reforzada además por su pertenencia a la Comisión de Presupuestos del Congreso.
Las actuaciones más destacadas en materia educativa las tendría, sin lugar a dudas, en las discusiones presupuestarias de 1934 y 1935, con gobiernos presididos por los radicales pero bajo la presión primero de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y la participación directa, luego, de ésta. El 27 y el 28 de junio de 1934 Pérez Díaz defendería su voto particular referido a la reorganización educativa, pidiendo que estuviera a disposición del ministro del ramo las cantidades necesarias para hacer frente a las demandas de la segunda enseñanza hasta finales de ese año. Abordaría también, extensamente, la problemática de la religión y del laicismo en la escuela y se mostraría partidario de la continuidad presupuestaria; solicitando el restablecimiento de aquellas cantidades económicas suprimidas. Defendería asimismo la profesionalidad del profesorado titulado por el Estado, de los "proletarios de la enseñanza", frente a aquellos que ejercían sin titulación monopolizando el sector. Su actuación parlamentaria en 1935 sería mucho más dura ante los planteamientos ministeriales de recorte presupuestario. Por otro lado, en desacuerdo con la prohibición de nombramiento de interinos, sin previa oposición, para cubrir las vacantes del profesorado, decía que la educación no admitía espera ninguna por su carácter permanente y cotidiano. Contrario a la supresión de centros escolares, se reafirmaría en el papel prioritario, su postura de siempre, que debía ocupar la enseñanza en el país, apoyando el aumento paulatino de los recursos a ella destinados. En la misma línea estarían sus discursos de oposición, en representación de la minoría de Unión Republicana, al presupuesto de Instrucción Pública propiamente dicho, presentado por el ministro Dualde. Al respecto, tenía claro sobradamente que la normalización económica nacional no pasaba por abandonar las necesidades educativas y que por tanto, había que seguir el camino iniciado en el bienio progresista (1931-1933) El presupuesto venía con unos quince millones de pesetas de menos con respecto al del año anterior. Ello le llevaría a aseverar. ·…yo creo que en España el ministro que debe tener más fortaleza de espíritu para oponerse a las demandas y a las exigencias del ministro de Hacienda es el ministro de Instrucción Pública". En este sentido, acusaría a cierto sector de la Comisión de Presupuestos de querer proporcionar unos recursos poco acordes con las necesidades reales y contrarios a la obra cultural de la República.
D. Alonso defendería igualmente en el Congreso, frente a los insistentes ataques de la derecha que la tachaba de sectaria y propagandista, la labor de las Misiones Pedagógicas, obra genuinamente republicana por la que profesores y alumnos universitarios se repartían por los campos españoles con la intención de difundir la cultura entre sus gentes a través de conferencias, creación de pequeñas bibliotecas, representaciones teatrales e incluso de la distribución de medicamentos y de la explicación de conocimientos elementales sobre higiene. Lo mismo haría con "La Barraca" de Federico García Lorca cuando se intentó anular la consignación ministerial destinada a este grupo de teatro ambulante, resaltando Pérez Díaz el trabajo de divulgación cultural que llevaban a cabo sus miembros. Otras instituciones que vieron como sus intereses eran salvaguardados por el diputado palmero fueron la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y el Centro de Estudios Históricos. Para D. Alonso constituía "una verdadera herejía científica" reducir los recursos económicos a unas entidades que representaban significativamente la cultura española. Su esfuerzo en este sentido, pues, se guió por su afán de mantener, a toda costa, aquellos organismos y actividades culturales que las iniciativas republicanas habían creado, en unos casos, y mejorado y potenciado en otros. Su constante preocupación por el progreso educativo y cultural, le impedía aceptar la orientación que, en esta materia, intentaban dar los gobiernos de la derecha. "Siguiendo este camino de crear las cosas y luego deshacerlas -replicaba- no iremos a ninguna parte, no realizaremos la obra que es preciso hacer, inspirándonos en una estrecha mezquindad económica para cosas de cultura, no progresaremos".
Destacada fue, de igual manera, su participación en los debates sobre la Reforma Agraria que se iniciaron en mayo de 1932. Bajo el segundo gabinete republicano (15 de diciembre de 1931), primero de los presididos por Manuel Azaña, el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, entregaría el tercer intento de proyecto legislativo. Los republicanos tinerfeños intervendrían en los debates parlamentarios al respecto oponiéndose, tajantemente, a esta nueva propuesta. En este sentido, Alonso Pérez Díaz tendría una importante intervención en la sesión del 22 de julio. En ella aprovecharía para explicar el punto de vista sobre la realidad del campo canario ante los cambios que se intentaban introducir. "En las Islas Canarias -argumentaba- la aplicación de ese proyecto supondría algo contrario a España, a los españoles, a los hijos de Canarias y favorable, en cambio, a las casas extranjeras". En su extenso razonamiento el diputado palmero abordaría, particularmente, las especificidades del agro canario. Su evocación de la vida del campesino isleño llegaría, en ocasiones, a cobrar tintes idílicos. No creía necesaria la expropiación de las tierras arrendadas como solución a la problemática del campo y tampoco consideraba a las grandes concentraciones como la única o principal causa de los males agrarios. Consciente de lo que suponía para los campesinos del sur peninsular, como elemento transformador de su dramática situación, un cambio justiciero en la estructura de la tenencia y explotación de la tierra, no dejaría de referirse a la situación de Andalucía aunque lo haría, eso sí, interesadamente, al considerar suficiente la aplicación allí de la reforma y por tanto innecesaria su extensión "a otros casos". Por momentos, su descripción del paisaje social insular se alejaba de la realidad, al ignorar aspectos socio-económicos que retrataban aquellas condiciones míseras de vida, que quedaban al margen de los beneficios de la rica agricultura de exportación donde los jornales eran, a decir verdad, nada dignos. La permanencia de las viejas estructuras en la tenencia de la tierra y el agua era evidente, pero según D. Alonso en las Islas no había grandes propietarios ni había habido problemas de latifundios, que existían municipios en los que no había "ni un solo indigente y donde no hay absolutamente nadie que tenga dos hectáreas de propiedad de terreno…Sin embargo -añadía- , todos viven, nadie pide limosna, todos comen, todos visten con modestia, pero con limpieza, y viven alegres". Estas afirmaciones, en su afán por dejar fuera del proceso reformador al campo isleño, le acarrearían la contundente respuesta del socialista catalán Serra Moret, que le replicaría señalándole, con sobrada razón, que también en Canarias había miseria y apetencia de tierra. Para el líder comunista José Miguel Pérez, la intervención parlamentaria de su paisano había sido oportuna en la discusión de determinados apartados del proyecto de ley, al aclarar aspectos de la problemática del campo canario; pero se mostraba en desacuerdo con las fórmulas que proponía para solucionar las deficiencias seculares del agro español, señalando que para el caso del Archipiélago la ley había llegado tarde porque los campesinos isleños se habían convertido en asalariados explotados por propietarios y arrendatarios capitalistas. Le daba la razón a Pérez Díaz cuando decía que la ley no solucionaría nada en Canarias pero, naturalmente, discrepaba de su posición inmovilista porque tampoco la solución pasaba, según su criterio, por dejar las cosas como estaban como pretendía el líder republicano insular. (3)
Otras intervenciones parlamentarias significativas fueron las relacionadas con el proyecto de Constitución (septiembre de 1931) y con el proyecto de Ley de Imprenta (mayo de 1935) En cuanto a la primera, D. Alonso abogaría para que la nueva carta magna contemplara al Cabildo como cuerpo gestor de los intereses particulares de cada isla y así quedaría reflejado finalmente en el artículo 10 del Título I (Organización Nacional). Pérez Díaz lograba así mantener vivo uno de los principales logros de la obra de su hermano Pedro, culminado exitosamente en julio de 1912 con la Ley de Reorganización Administrativa y Representación en Cortes de las Islas Canarias (Ley de Cabildos) Para él, que llegó a considerar utópico un "Estatuto Canario", la futura estructuración político-administrativa de las Islas debía guiarse por pautas estatales. La división provincial le resultaba injusta, pero según él había que aceptarla como mal menor para evitar en lo posible la vieja pugna interinsular: "en mi concepto el Estatuto que concibo es robustecer la Ley del 12 y aditamentarle ciertas reglas para pequeñas modalidades de la vida jurídica de Canarias: agua, etc." Con respecto a los temas autonómicos mantendría siempre, como buen salmeroniano, su posicionamiento favorable a la unidad nacional y refiriéndose al estatuto catalán afirmaba, en agosto de 1932, que el Estado debía conservar en Cataluña su plena autoridad y soberanía[i]. Un año después, en el verano de 1933, opinando sobre la política provincial isleña, se expresaba en parecidos términos:
"Canarias, sin restricción de ningún género, y sobre la base de un españolismo inmaculado, con un hondo sentido castellanista, debe ser para el mundo, y en reciprocidad, todas las naciones han de tener para su producción francos los puertos. No puede dudarse que el canario tiene una orientación universal de la vida." (4)
Por otra parte, el proyecto de Ley de Imprenta daría lugar a una oposición parlamentaria realmente dura, pues el mismo suponía un paso más en la derechización de la República. Ramón J. Sender llegó a decir de él que era una invitación a la clandestinidad por su carácter prohibitivo, al servicio de los intereses de la clase dominante y una provocación a las grandes capas sociales. En la explicación de su voto (28/5/1935), Alonso Pérez Díaz mantendría un cruce de palabras con el ministro Gil Robles, calificando al proyecto de ley de desgraciado y del que ningún miembro del gabinete quería hacerse responsable, acusándoles a su vez, con sobrada razón, de no ser republicanos. Su defensa de la libertad expresión como derecho inalienable fue contundente, calificando de insensato a quien tratase de poner limitaciones al pensamiento:
"…debe legislarse para garantizar la libertad de pensamiento, la libertad de la pluma, la libertad de expresión, y ahí están los Códigos Comunes, que es a lo que deben sujetarse los hombres para, si delinquen, castigarlos como cualquier otro ciudadano, pero no crear figuras de delito especiales para la expresión del pensamiento, que es lo más grande y hermoso que el hombre tiene, que lo distingue y eleva, pero sin embargo, hay quien quiere nublar toda idea y considerar gobernar a los hombres como seres inferiores y esclavos, y de esto nosotros queremos huir y evitarlo". (5)
Los reseñados fueron los asuntos de mayor significación en cuya discusión intervendría Alonso Pérez Díaz en el Congreso; al margen de otros tantos que también fueron tratados por el diputado palmero, muchas veces defendiendo los intereses canarios (industria tabaquera, comunicaciones marítimas con la Península, Plan General de Carreteras, etc.) y que igualmente propiciaron su presencia en la tribuna de oradores de la Cámara republicana.
Su última intervención parlamentaria se produciría justo un año antes del levantamiento militar de 1936, el 18 de julio de 1935. La misma tendría lugar durante la discusión del dictamen sobre el proyecto de Ley de Autorizaciones al Gobierno para restringir los gastos del Estado, defendiendo una enmienda en la que solicitaba que todo el personal del Ministerio de Instrucción Pública dedicado a la enseñanza quedara al margen de la referida Ley de Restricciones. Así, pues, hasta los últimos momentos de su vida pública mantuvo uno de sus grandes afanes como masón y como republicano: la preocupación por la educación y la cultura.
CIRILO VELÁZQUEZ RAMOS
NOTAS:
1. VELÁZQUEZ RAMOS, C: Discursos parlamentarios, 1931-1935. Alonso Pérez Díaz, Biblioteca Canaria de Textos Políticos, Ediciones Idea y Parlamento de Canarias, Tenerife, 2007, pp. 74-76.
2. LORENZO, F.: Como los conocí, Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pp. 85-86.
3. Espartaco, Nº 105, Santa Cruz de La Palma, 27 de agosto de 1932.
4. La Prensa, Nº 9.019, Santa Cruz de Tenerife, 4 de agosto de 1933.
5. VELÁZQUEZ RAMOS, C.: Op. cit. pp. 171-72.